El caso PESCANOVA saco a la luz “un trilerismo” contable que generó decenas de miles de facturas falsas debido a que la pesquera conseguía liquidez a corto plazo para invertir en proyectos faraónicos de acuicultura. Una trama, sin duda, compleja en la que participaron, según las conclusiones de la investigación llevada a cabo, una veintena de personas y 11 empresas pantalla.
Con la vista gorda del auditor (BDO) y con bancos que daban créditos sin exigir todas las garantías, se completaron las piezas de un puzle que ocultó al regulador y a los accionistas un pozo negro de 2.164 millones en deudas no contabilizadas (2010). El año siguiente ese agujero fue de casi 2.400 millones.
Consecuencia de ello varios accionistas perdieron su inversión debido al afloramiento de la deuda del GRUPO PESCANOVA en el mes de marzo de 2013.
La Sala de lo Penal (Sección Cuarta) de la Audiencia Nacional, en Sentencia de 6 de octubre de 2020, condenó finalmente por falsificación de las cuentas del grupo pesquero durante los años 2009, 2010 y 2011 al expresidente de PESCANOVA, Manuel Fernández de Sousa, a ocho años de prisión y consideró culpable también a la auditora BDO, que junto a otros exdirectivos y sociedades deberá asumir el pago de indemnizaciones superiores a los 200 millones de euros.
En suma, se trata de una sentencia histórica no solo porque pone punto y final a uno de los casos de corrupción contable más sonados de la reciente historia empresarial española; también porque, por vez primera en España, se condena a una de las grandes consultoras de auditoría del mundo, la filial española de la firma británica BDO, tras la primera querella formulada por CREMADES & CALVO-SOTELO que representaba a un fondo con 24 millones perjudicados.